Exhortar a todas las entidades y funcionarios del Poder Ejecutivo, en particular al Ministerio de Justicia, a abstenerse de promover y/o ejecutar cualquier acto orientado a hacer uso político de las universidades y a inducir a su comunidad educativa a apoyar corrientes ideológicas encauzadas hacia el quiebre del Estado de derecho, de la destrucción del modelo constitucional o la instauración de un nuevo pacto social direccionado.