Constituir una Comisión Investigadora encargada de investigar, por un lapso de 180 días, el caso de la infiltración de una organización criminal en la Dirección Regional de Agricultura y otros casos similares, en los que recursos del Estado en el sector Agricultura y áreas naturales protegidas han sido transferidas con métodos delictivos y con participación de los Registros Públicos, a favor de organizaciones criminales de fachada empresarial.