Conformar una Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de revisar exhaustivamente las designaciones y nombramientos de los funcionarios realizados a partir del 29 de julio 2021, en todas las instancias del Poder Ejecutivo, para evaluar la coherencia y pertinencia con el cargo, conflicto de intereses y la posible infracción a la normatividad actual, por un plazo de 60 días calendario.